SANTO DOMINGO. El escándalo que generó la venta de más de 35 millones de metros cuadrados en la zona turística de Higüey, y que dio pie a un litigio judicial, ha tomado un nuevo rumbo, tras determinarse en un saneamiento que los terrenos están dentro del área protegida del Parque Nacional del Este.
Una inspección realizada por los agrimensores Enrique Arismendi y Ángel Manuel Hernández Ozuna, da cuenta que la operación viola el artículo 33 de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04, de fecha 30 de julio del 2004.
La litis que involucra a Daniel Antonio Minaya Rodríguez, en calidad de propietario de los terrenos, así como a los empresarios españoles Ignacio Coronado Ruiz, Carlos Sánchez y Andrés Liétor Martínez, adquirientes, se ventilará el próximo viernes 30 en una audiencia pública fijada para las 10:00 a.m., en el Tribunal Superior de Tierras.
Durante el proceso, el abogado del Estado ante esa jurisdicción, Fermín Casilla Minaya, dará a conocer el informe de Mensura que establece que los terrenos son área protegida y otros elementos de pruebas con miras a demostrar la ilegalidad de la maniobra.
De acuerdo al expediente, los terrenos tienen un valor que supera los RD$100,000 millones en el mercado inmobiliario y corresponden a playas que no pueden ser explotadas por particulares por tratarse de una reserva natural.
Una inspección realizada por los agrimensores Enrique Arismendi y Ángel Manuel Hernández Ozuna, da cuenta que la operación viola el artículo 33 de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04, de fecha 30 de julio del 2004.
La litis que involucra a Daniel Antonio Minaya Rodríguez, en calidad de propietario de los terrenos, así como a los empresarios españoles Ignacio Coronado Ruiz, Carlos Sánchez y Andrés Liétor Martínez, adquirientes, se ventilará el próximo viernes 30 en una audiencia pública fijada para las 10:00 a.m., en el Tribunal Superior de Tierras.
Durante el proceso, el abogado del Estado ante esa jurisdicción, Fermín Casilla Minaya, dará a conocer el informe de Mensura que establece que los terrenos son área protegida y otros elementos de pruebas con miras a demostrar la ilegalidad de la maniobra.
De acuerdo al expediente, los terrenos tienen un valor que supera los RD$100,000 millones en el mercado inmobiliario y corresponden a playas que no pueden ser explotadas por particulares por tratarse de una reserva natural.
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