El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, informó ayer del arresto y sometimiento a la justicia de dos fiscales adjuntos de San Pedro de Macorís, por presuntamente aceptar soborno de familiares de un imputado.
Solaine Vargas y Pedro García fueron apresados justamente cuando, según el procurador, recibían la suma de 500 mil pesos de miembros de la familia de un imputado.
El jefe del ministerio público dijo que en las próximas horas le serán conocidas las medidas de coerción a ambos, y cuando serán presentadas las pruebas suficientes sobre el caso, como establece la legislación del Código Procesal Penal, para que se dicten medidas de coerción.
De acuerdo a la acusación, el dinero que recibieron los fiscales adjuntos habían sido marcados previamente, en una operación que formaba parte de un seguimiento al caso, tras varias denuncias de irregularidades.
Domínguez Brito considera “inaceptable y lamentable el hecho” y dijo que si se quiere combatir la corrupción a todos los niveles, “en modo alguno pueden permitir que se actué al margen de la ley dentro de nuestra institución”.
“Como Ministerio Público estamos llamados a ser ejemplo, para poder combatir hacia afuera”, enfatizó el procurador.
“Nosotros no vamos a tolerar, mientras estemos al frente de la Procuraduría General de la República, ningún comportamiento que se aparte de un ejercicio ético y moral en nuestras funciones”, manifestó.
Reiteró que jamás permitirá que los miembros de la institución cometan actos reñidos con los principios éticos y que manchen al Ministerio Público que está surgiendo en la República Dominicana, el cual calificó de “vigoroso, responsable y transparente”.
“El Ministerio Público tiene la responsabilidad suprema de combatir la criminalidad en todas sus manifestaciones, el narcotráfico y la violencia de género e intrafamiliar”, dijo.
Dijo que hay “otro compromiso supremo que descansa bajo sus hombros, que es la entereza y la integridad que ustedes deben demostrar día a día en el ejercicio de esas funciones”, proclamó.
El pasado 4 de septiembre, el Consejo Superior del Ministerio Público suspendió a doce procuradores fiscales por faltas graves cometidas mientras ejercían sus funciones. Los sancionados pertenecen a los departamentos judiciales de las provincias Santo Domingo, Santiago, La Vega y Monseñor Nouel.
Conforme al documento, las suspensiones fueron recomendadas por la Inspectoría General del Ministerio Público, que dirige el magistrado Bolívar Sánchez, quien la presentó al Consejo Disciplinario, y éste al Consejo Superior del Ministerio Público.
Suspenden a juez ejecución de pena de San Cristóbal
En otro caso, el juez de la ejecución de la Pena de San Cristóbal, José Antonio Medrano Queliz, fue suspendido por el Consejo del Poder Judicial (CPJ) por alegadas faltas graves cometidas durante el ejercicio de sus funciones.
El referido Consejo, presidido por el también presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, suspendió al juez Medrano Queliz hasta tanto concluya una investigación en marcha sobre varios asuntos relacionados con sus funciones.
El Consejo, que además de German Mejía lo integran los magistrados Dulce Rodríguez de Goris, Samuel Arias Arzeno, Francisco Arias Valera y Elías Santini Perera, también suspendió a la secretaria del tribunal, Ysabel Milenny Ortíz Sierra.
El juez Medrano Queliz fue quien dispuso la prisión domiciliaria al economista Luis Álvarez Renta y a los ex banqueros Marcos Báez Cocco y Leonel Almonte Vásquez, condenados por fraude bancario, bajo alegato de quebrantos de salud.
Se recuerda que el procurador adjunto de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Faustino Pulinario, había recusado al juez Medrano Queliz, por entender que el magistrado “ha sido benigno con los ex banqueros que cumplen sentencia por fraude bancario”, por lo que entendía debía ser otro juez que conociera el caso del interno Pedro Castillo, preso en la cárcel de Najayo, condenado por fraude bancario.
En lugar del magistrado Medrano Queliz fue designado, interinamente, el juez Willys De Jesús Núñez Mejía, actual juez del Tribunal Colegiado de San Cristóbal, y en el suyo fue designado, provisionalmente, el magistrado Pilades Hernández Méndez.
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