SAN PEDRO DE MACORIS. El Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático cuestionó las declaraciones del gobernador del Banco Central a quien acusa de no actuar como la cabeza autónoma del Sistema Financiero Nacional.
Las declaraciones están contenidas en un artículo enviado a nuestro correo electrónico por el economista David Montes de Oca, miembro de esa entidad, el que producimos íntegro a continuación:
El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, en las declaraciones ofrecidas anoche al país, actúa como un empleado del gobierno y no como la cabeza autónoma del sistema financiero nacional que debe proteger la institucionalidad de este sector y velar por la buena salud de la economía nacional.
El gobernador del Banco Central, en vez de defender al Banco de Reservas de la acción abusiva, ilegal y arbitraria del gobierno que lo ha forzado a violentar las normas prudenciales del sistema financiero, entre las cuales se encuentra el encaje legal, ataca de forma despectiva y amenza a la entidad que de forma responsable ha denunciado la agresión que victimiza a la institución que este funcionario tiene la misión y la obligación de proteger.
El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) denunció con datos concretos e irrefutables que el gobierno tomó prestado al Banco de Reservas 900 millones de pesos para financiar pagos de personal y cubrir compromisos con contratistas locales en la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina, y como consecuencia del incumplimiento del gobierno de la devolución de este dinero, ha colocado en serias dificultades a este banco.
Por más cifras y porcentajes que cite el gobernador del Banco Central sobre el sistema financiero del país, no podrán ocultar el hecho concreto y verídico de la existencia de esta deuda, de su incumplimiento por parte del gobierno en saldarla y de las consecuencias negativas que acarrea para el Banco de Reservas.
Tampoco podrá ocultar que el gobierno con este endeudamiento ha incurrido en una mayúscula ilegalidad comprometiendo recursos públicos provenientes del ahorro de la factura petrolera en una inversión o gasto no contemplado por la ley general de presupuesto del Estado.
Al igual que el Banco de Reservas, los fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos están amenazados por este comportamiento del gobierno que se ha empecinado en construir las plantas de carbón de Punta Catalina, a pesar de que son altamente contaminantes, carecen de financiamiento internacional, adolecen de una sobrevaluación de alrededor de mil millones de dólares y nadie puede precisar cuánto finalmente costarán.
Recientemente, el 9 de mayo pasado, la Comisión de Clasificación de Riesgos de los fondos de pensión emitió las resoluciones números 110 y 112, disponiendo 600 millones de dólares de estos fondos para ser invertido en el proyecto de Punta Catalina a través de agencias de bonos propiedad de dos familias acaudaladas del país.
El pecado original, la fuente tanto del comportamiento abusivo e ilegal del gobierno como de los trastornos y dificultades del Banco de Reservas y de los fondos de pensión, es la violación de los términos de la licitación y del contrato ratificado por las cámaras del Congreso Nacional para la construcción de estas plantas de carbón que obligan a la firma contratada a proveer el financiamiento para la obra bajo la modalidad de llave en mano.
Como el gobierno violó esta condición al otorgarle el contrato al consorcio encabezado por Odebrecht, asumiendo el financiamiento internacional para este proyecto y, al fallar ahora el financiamiento acordado con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social del Brasil (BNDES), impedido de ser desembolsado por estar este banco y este préstamo bajo investigación de la justicia del Brasil por corrupción y tráfico de influencia, está cubriendo esta carencia con recursos internos del país.
En el Banco de Reservas y en los fondos de pensión se ha reeditado el abuso de poder, la ilegalidad y la absoluta falta de transparencia que el gobierno ha practicado desde un principio en el manejo del proyecto de Punta Catalina, otorgándole este contrato de manera irregular al consorcio encabezado por Odebrecht con una sobrevaluación de alrededor de mil millones de dólares.
A esto se suma el hecho de haber iniciando esta obra sin estudio de impacto ambiental y sin licencia ambiental en violación al artículo 40 de la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y en terrenos privados sin ningún contrato de arrendamiento, de compra o decreto declarándolos de utilidad pública. También con la construcción de estas dos plantas de carbón, ha violado la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo No. 1-12 que en su artículo 27, en el 4to. Eje ordena descarbonizar la economía nacional y priorizar las energías renovables.
Este abuso de poder que no respecta la ley, la institucionalidad ni ningún límite debemos detenerlo antes de que produzca mayores e irreparables daños al sistema financiero, al sistema de pensiones y a la economía del país, castigando con una mayor carga tributaria a los contribuyentes más pobres como son los trabajadores.
La opinión pública y la dilucidación abierta, libre y transparente de estas amenazas es el recurso con que cuenta la sociedad dominicana para oponerse e impedir su materialización, precisamente cuando el gobierno no respeta la institucionalidad y los responsables de las instituciones no se respetan a si mismo ni a lo que representan, como lo demuestran las declaraciones del gobernador del Banco Central.
La sociedad dominicana no debe permitir que el silencio proteja el abuso de poder y debe oponerse a toda forma de intimidación y censura como la que se aplicó recientemente a nuestra declaración sobre el Banco de Reservas, que llegó al insólito extremo de borrarla de las páginas de varios digitales después de publicada.
La defensa de la libre expresión de las ideas y el derecho de la ciudadanía a la información, es una garantía de los demás derechos y de ponerles límites a los abusos de poder.
COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, CNLCC
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