Abogados de Soraine Vargas Molina embargan cuentas del Ministerio Publico y Dominguez Brito

FUENTE 7dias.com

SANTO DOMINGO.- Una fiscal adjunta de San Pedro de Macorís, cancelada tras ser acusada de aceptar soborno de parte de un prisionero, dispuso el embargo de las cuentas bancarias de todos los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, incluyendo el procurador general Francisco Domínguez Brito.

Los abogados de Soraine Vargas Molina entablaron este martes una “oposición a derogación, entrega, liquidación y desapoderamiento de fondos” ante las entidades bancarias, por un monto de 18 millones de pesos, en contra de los miembros del referido organismo además de Domínguez Brito, Víctor González, Moisés Ferrer, Lucas Evangelista Pérez y Kelvin Martín Santana.

 Vargas Molina fue acusada por el Ministerio Público, institución en la que trabajaba como fiscal, de haber aceptado un sorborno de medio millón de pesos de parte de familiares de un reo. Argumenta un supuesto desacato de una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que dispone su reposición en el cargo de fiscal adjunta de San Pedro de Macorís. 

 Conforme con la versión de la barra de la defensa de Vargas Molina, dicha corte también impuso al Consejo Superior del Ministerio Público la obligación de pagar una astreinte de 25,000 pesos por cada día de incumplimiento de la sentencia que dispone su reintegro a las funciones de fiscal.

 “Mediante acto de alguacil, las diferentes instituciones bancarias donde los miembros actuales y salientes del Consejo del Ministerio Público tienen cuentas, quedaron notificadas y advertidas de abstenerse a derogar fondos”, explicó a la prensa el abogado Juan Manuel Morel. 

 Agregó que este jueves concluirán la demanda en liquidación de astreinte por un monto de 17 millones de pesos ante el Tribunal Superior Administrativo, por el incumplimiento durante dos años, de una sentencia de amparo contra la Procuraduría General de la República y el Consejo Superior del Ministerio Público, De igual modo, anunció la decisión de elevar una querella por desacato contra Domínguez Brito y el resto del organismo. Vargas Molina fue acusada por el Ministerio Público, institución en la que trabajaba como fiscal, de haber aceptado un sorborno de medio millón de pesos de parte de familiares de un reo.