FUENTE AL MOMENTO.NET
SANTO DOMINGO.- La Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras (Codacsa) aclaró que ha construido la tercera parte de la carretera San Pedro de Macorís-La Romana y el puente sobre el río Cumayasa, a pesar de que el Gobierno no ha cumplido sus obligaciones contractuales.
Entre otras cosas, la empresa acusa al secretario de Obras Públicas, ingeniero Víctor Díaz Rúa, de haberse negado a cumplir un acuerdo firmado en noviembre del año 2007 para facilitar el financiamiento del proyecto.
El consejero delegado de Codacsa, Roberto García, explica en una nota remitida a ALMOMENTO.NET que el consorcio, integrado por inversionistas dominicanos, españoles y norteamericanos, ha invertido 235 millones de sus propios fondos y está dispuesto a invertir 2 mil 500 millones para terminar la obra en menos de dos años, tan pronto el Gobierno cumpla sus obligaciones contractuales.
Y asegura que las acciones del Secretario Díaz Rúa sólo sirven para demorar la construcción de la carretera y colocar al país en riesgo de pagar compensaciones cuantiosas en el Arbitraje Internacional, además de dañar la imagen de la república.
García de nacionalidad española, explica que interés de Codacsa “es terminar la obra en el menor tiempo posible, ya que el retraso constituye un costo económico, pues cada año que pasa cuesta más construir, mantener y operar la carretera”.
Indica que “el contrato de concesión obliga al Gobierno Dominicano, entre otras cosas, a cumplir las siguientes condiciones: a)Atendiendo a que el financiamiento será en dólares y los ingresos de la carretera en pesos, emitir un aval mitigador de riesgo cambiario para cubrir la devaluación de la moneda cuando esta supere el 7% anual (el promedio de los últimos 20 años –salvo el 2003- es de un 5% anual), y b) Garantizar el aumento de la tarifa de peaje según la inflación para mantener el valor del ingreso, y en el caso de que no se aumente la tarifa según la inflación, pagar un “peaje sombra” para compensar por la no actualización de la tarifa. El inicio del proyecto estaba condicionado a que el Gobierno emitiera el aval mitigador del riesgo cambiario”.
Sostiene que la obra no ha sido terminada porque el Estado Dominicano no ha entregado el aval mitigador del riesgo cambiario, no ha permitido la actualización de la tarifa de acuerdo a la inflación y no ha pagado debidamente el “peaje sombra” como lo establece el contrato de concesión.
Tras señalar que las afirmaciones del Secretario de Obras Públicas son falsas, afectan la seguridad jurídica del país y ponen innecesariamente en riesgo los intereses del Estado Dominicano, Asegura que “todas las acciones de Codacsa están amparadas en el contrato, incluyendo la modalidad de financiamiento con peaje cobrado en la vía durante el período de construcción”.
Revela que en noviembre del 2007, el secretario Díaz Rúa suscribió personalmente un acuerdo con Codacsa mediante el cual la SEOPC se comprometía a resolver los aspectos incumplidos del contrato para facilitar el financiamiento del proyecto y en que se reitera el compromiso del Gobierno de cumplir con las garantías que hacen posible el financiamiento.
Entre otras cosas, la empresa acusa al secretario de Obras Públicas, ingeniero Víctor Díaz Rúa, de haberse negado a cumplir un acuerdo firmado en noviembre del año 2007 para facilitar el financiamiento del proyecto.
El consejero delegado de Codacsa, Roberto García, explica en una nota remitida a ALMOMENTO.NET que el consorcio, integrado por inversionistas dominicanos, españoles y norteamericanos, ha invertido 235 millones de sus propios fondos y está dispuesto a invertir 2 mil 500 millones para terminar la obra en menos de dos años, tan pronto el Gobierno cumpla sus obligaciones contractuales.
Y asegura que las acciones del Secretario Díaz Rúa sólo sirven para demorar la construcción de la carretera y colocar al país en riesgo de pagar compensaciones cuantiosas en el Arbitraje Internacional, además de dañar la imagen de la república.
García de nacionalidad española, explica que interés de Codacsa “es terminar la obra en el menor tiempo posible, ya que el retraso constituye un costo económico, pues cada año que pasa cuesta más construir, mantener y operar la carretera”.
Indica que “el contrato de concesión obliga al Gobierno Dominicano, entre otras cosas, a cumplir las siguientes condiciones: a)Atendiendo a que el financiamiento será en dólares y los ingresos de la carretera en pesos, emitir un aval mitigador de riesgo cambiario para cubrir la devaluación de la moneda cuando esta supere el 7% anual (el promedio de los últimos 20 años –salvo el 2003- es de un 5% anual), y b) Garantizar el aumento de la tarifa de peaje según la inflación para mantener el valor del ingreso, y en el caso de que no se aumente la tarifa según la inflación, pagar un “peaje sombra” para compensar por la no actualización de la tarifa. El inicio del proyecto estaba condicionado a que el Gobierno emitiera el aval mitigador del riesgo cambiario”.
Sostiene que la obra no ha sido terminada porque el Estado Dominicano no ha entregado el aval mitigador del riesgo cambiario, no ha permitido la actualización de la tarifa de acuerdo a la inflación y no ha pagado debidamente el “peaje sombra” como lo establece el contrato de concesión.
Tras señalar que las afirmaciones del Secretario de Obras Públicas son falsas, afectan la seguridad jurídica del país y ponen innecesariamente en riesgo los intereses del Estado Dominicano, Asegura que “todas las acciones de Codacsa están amparadas en el contrato, incluyendo la modalidad de financiamiento con peaje cobrado en la vía durante el período de construcción”.
Revela que en noviembre del 2007, el secretario Díaz Rúa suscribió personalmente un acuerdo con Codacsa mediante el cual la SEOPC se comprometía a resolver los aspectos incumplidos del contrato para facilitar el financiamiento del proyecto y en que se reitera el compromiso del Gobierno de cumplir con las garantías que hacen posible el financiamiento.
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