lunes, 20 de agosto de 2007

CONDENAN EMPRESARIO DE SAN PEDRO DE MACORIS


HATO MAYOR.- El primer tribunal colegiado de Primera Instancia del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, condenó a seis meses de prisión y al pago de RD$ 200,000 de indemnización a un ferretero, acusado de abuso de confianza contra un coronel de la policía. Es la primera vez que se conoce una sentencia condenando a un empresario por presunta estafa en un tribunal de la región Este.
Aquilino Quezada Arredondo, fue condenado además a restituir o pagar la suma de 184 mil 225 pesos a favor del coronel Bartolo Gil Melo, comandante de la 40 compañía de la policía en Hato Mayor, que acusó al empresario de la construcción de estafa y abuso de confianza.
En su fallo, el tribunal colegiado de primer grado establece que Aquilino Quezada Arredondo es culpable del crimen de abuso de confianza, hecho previsto y sancionado en las disposiciones del artículo 408 del Código Penal Dominicano, en perjuicio del coronel policial, Bartolo Gil Melo.
Ángel Bienvenido Medina Tavarez, quien actuó como representante del ministerio publico, pidió cinco años de prisión para el imputado, pero los jueces del colegiado, integrado por Juan de la Cruz Rijo Güilamo, presidente del tribunal, Divina Rocío Ortiz y Fidel Núñez Reyna, miembros cantaron seis meses y 200 mil pesos de indemnización
Los abogados de la parte civil actuantes, Freddy Castillo, Freddy Mateo Calderón y Héctor Braulio Castillo Carela, solicitaron cinco años de prisión y el pago de 20 millones de pesos de indemnización por daños y perjuicios a favor del coronel Bartolo Gil Melo.
Actuaron como abogados de la defensa, Julio César Cabrera, Leocadio Antonio Lora y Josefina Arredondo Quezada, que pidieron se rechace por improcedente, la solicitud o dictamen del ministerio público.
El juez de la Instrucción había impuesto una garantía económica de 300 mil pesos como medida de coerción al ferretero, Aquilino Quezada Arredondo.
Bartolo Gil Melo, coronel de la 40ta. Compañía de la Policía, denunció a la fiscalía que había sido estafado por el empresario de ferretería, Aquilino Quezada, “cuando este me negó el despacho de unos materiales de construcción en su ferretería LOLIMAR, había pagado, para una construcción de mi propiedad”.
El empresario, quien además es abogado de profesión, apeló la sentencia que lo condena a seis meses de prisión y al pago de 200 mil pesos de indemnización, tras considerar que contra “mí se cometió un esperpento jurídico, una payasada, un abuso incalificable”

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