Juan Francisco Matos dijo que el presidente de Porvenir SRL, que opera el ingenio del mismo nombre, pretende apoderarse de 45 mil tareas de los ingenios Quisqueya, Santa Fe y Consuelo, asignadas al grupo Vicini-Campollo, y que son propiedad del CEA. En cambio, la empresa azucarera Porvenir pidió al presidente Leonel Fernández que intervenga ante el conflicto por el arrendamiento de tierras del CEA.
El empresario Martín, de la azucarera Porvenir, acusó al director del CEA de vulnerar un contrato de arrendamiento de las 100 mil tareas en litis. Explicó que de esa cantidad de tierra, unas 27, 214 no son aptas para el cultivo de caña.
Aseguró que el CEA le arrendó a ese ingenio las tierras y que después hizo lo mismo con otras dos empresas “sin especificar en cada caso dónde estaban las tierras con sus mensuras catastrales apropiadas”.
“En el caso de Azucarera Porvenir, y a pesar de que existe un contrato pagado, el director del CEA se ha limitado a mandar policías y militares para expulsar a nosotros de las tierras que previamente nos había entregado”, comentó el empresario español.
Ayer, la sangre del sargento de la Policía Orlando Santos todavía marcaba el camino de entrada de la comunidad de El Guaral. Su cuerpo, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), recibió trece heridas punzantes y cortantes de arma blanca. Y presentaba contusiones en la cabeza, en el tórax, en los brazos y en la espalda.
El médico legista Leonardo Hadney presume que más de una persona lo golpeó y acuchilló. Antes de morir, el policía mató de un tiro en el pecho a Alexis Castellanos, jornalero del Porvenir, supuestamente porque sembraba caña en terrenos del grupo Vicini-Campollo, propietario de la firma constructora Castelar.
Los campesinos de la zona recuerdan que Santos, junto a otros agentes policiales y militares, recibía órdenes directas de los Campollo, y Castellanos cobraba RD$400 por cada día de trabajo en tierras del Porvenir.
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