La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exige al CEA los documentos de las negociaciones con los grupos empresariales Porvenir SRL y Vicini-Campollo.
Mientras, los ejecutivos de Porvenir anunciaron ayer que someterán en los próximos días al director del CEA, Frank Matos, por distribuir mediante contrato las mismas tierras a dos partes interesadas.
El vicepresidente de la CNDH en El Seibo, José Guzmán, explicó que la organización pretende conocer en detalle los contratos, para proceder a la solicitud de nulidad, porque entiende que el CEA y los empresarios actuaron en contubernio para apoderarse ilegalmente de las tierras públicas.
“Estamos seguros de que las tierras públicas de esta provincia han sido repartidas de manera alegre entre poderosos. Y el director del CEA es responsable de este abuso”, dijo Guzmán.
En nombre de Porvenir SRL, el español Juan Collado aseguró que Frank Matos es sujeto de demanda porque sólo les entregó 89 mil tareas, cuando el contrato de arrendamiento especificaba el traspaso de 110 mil. Sostuvo que Porvenir nunca ha aspirado a ocupar la tierra que está fuera del convenio con el Estado, y lamentó que en República Dominicana el poder de la fuerza y de los políticos se ubique por encima del Poder Judicial.
“Lo que ha pasado en relación con las tierras es que les fueron asignadas de una manera desvergonzada, lo que demuestra la corrupción existente en el país”, puntualizo el empresario.
Porvenir recordó que el 2 de septiembre del 2010 el CEA les aprobó el arrendamiento de 110 mil tareas nacionales de terrenos cañeros. Pero hasta el día de hoy los inversionistas extranjeros, con las propias mediciones del CEA, sólo pueden decir que ocupan 89 mil tareas nacionales, dentro de las cuales se encuentran sus operaciones de siembra.
Todavía el grupo Vicini-Campollo no ha fijado posición pública sobre el tema que los involucra en el asunto de las tierras.
Preguntas del Porvenir
En un espacio pagado publicado en los medios impresos de comunicación, los empresarios españoles del grupo Porvenir cuestionan la veracidad de las declaraciones que el director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Frank Matos, ha emitido respecto al conflicto de intereses que se generó en tierras de El Seibo. Se preguntan por qué, si el CEA sabe que los tribunales denegaron la petición de desahucio de la Constructora Castelar, no acata la medida.
También preguntan por qué el organismo no deja que la justicia, a partir de la demanda de arbitraje presentada desde Porvenir, se encargue de resolver la disputa. Los españoles aseguraron que el director del CEA manda policías y militares a impedir los trabajos de cultivo que la azucarera intenta desarrollar desde octubre pasado.
Otra pregunta es “¿Por qué cuando se produjo la presentación en los medios de comunicación del contrato de arrendamiento suscrito por el CEA con la constructora Castelar en octubre nunca dijo públicamente que dicho arrendamiento incluía colonias de Santa Fe mencionando exclusivamente que el CEA había arrendado a dicha compañía colonias pertenecientes a Consuelo y Quisqueya?”
“Cuando el director del CEA responda a estas preguntas, que la opinión pública saque sus propias conclusiones”, cierra el comunicado. Se recuerda que el pasado domingo un sargento de la Policía y un jornalero murieron por defender los intereses de los dos grupos en pugna.
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